Acciones judiciales contra vendedores que rechazaron oferta institucional para abandonar las calles

Bucaramanga.- Los inspectores de Policía de la ciudad adelantan procesos policivos contra 39 vendedores ambulantes. Diecinueve (19) parqueaderos también hacen parte de las acciones judiciales, y una vez terminen puede ser cerrados de manera temporal, hasta por dos meses.

La situación jurídica de 39 vendedores ambulantes ilegales que no se acogieron a la oferta institucional del alcalde Luis Francisco Bohórquez Pedraza, trascendió a las inspecciones de Policía. Es decir, ahora el tema es judicial.

Caso similar afrontan 19 parqueaderos. Una vez se les confirme responsabilidad, afrontarán cierres temporales hasta por dos meses.

En apego a la ley y en defensa irrestricta de los derechos fundamentales, la Administración Municipal “velará por los debidos procesos que deben comenzar las autoridades” contra estos ciudadanos, explicó René Rodrigo Garzón Martínez, secretario del Interior Municipal.

En total, la Administración Local ya recibió descargos en 28 de esos 39 casos.

Se emitieron además 27 resoluciones con el decomiso definitivo de la mercancía o la devolución de la misma, pero tras el pago de una multa que en su máximo rigor puede llegar hasta dos salarios mínimos legales vigentes, señaló el funcionario.

Las audiencias de descargos de cada ciudadano y la formulación de sus respectivas sanciones se realizan desde el pasado lunes en el Velódromo Alfonso Flórez Ortiz, de la capital santandereana. Fuente: Oficina de prensa de la alcaldía. Foto: Carolina Muñoz / Alcadia de Bucaramanga

Decisiones judiciales obligan a tomar medidas de movilidad

Dice el alcalde Luis F Bohórquez para responder a los gremios

Luis F Bohórquez

La medida recientemente establecida por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, para cargue y descargue dentro del perímetro urbano con el objetivo de mejorar la movilidad, es la respuesta a “decisiones judiciales y no se trata simplemente de un capricho del gobierno municipal”, dijo el alcalde Luis Francisco Bohórquez, al aludir a la necesidad imperativa de ordenar la ciudad y de paso solucionar problemas que se presentan de manera cotidiana como el ‘embotellamiento vial por presencia de vehículos de alto tonelaje’, particularmente en las horas del día.

Cabe recordar que la nueva reglamentación para los vehículos de carga fue adoptada por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, mediante la  Resolución número 050 del 10 de febrero de 2012. Según la disposición, los vehículos  de carga, de servicio público y particular con capacidad  superior a  5  toneladas, no podrán transitar por el perímetro urbano de la ciudad, de lunes a sábado, en el horario de 5:00 de la mañana a 8:00 de la noche. Ampliación

Alcalde acata decisiones judiciales con respeto

Fernando Vargas

Conocidas las declaraciones de la Procuraduría General de la Nación sobre el fallo de segunda instancia, reitero el supremo respeto y el acatamiento que siempre me  han merecido las decisiones de la justicia. Esas son las reglas del Estado democrático y a ellas debemos someternos autoridades y ciudadanos, gobernantes y gobernados.

Alejandro Ordóñez

A los bumangueses les reitero que durante mi vida siempre he actuado con transparencia, anteponiendo los intereses generales a los personales. Las razones por las que debo abandonar el cargo de Alcalde Municipal, obedecen a decisiones adoptadas en el trámite administrativo de un convenio suscrito con una Universidad Pública, para dotar a los colegios oficiales de herramientas tecnológicas, y no al manejo indebido de recursos, ni a situaciones de corrupción. AMPLIACIÓN

A punto de conocerse nuevas decisiones judiciales

En el  caso del ex senador Luís Alberto Gil

La sanción de la Procuraduría, contra el ex senador Gil Castillo es incoherente

Habrá casos en los que los entes de control deben actuar con severidad, pero en otros no

El proceso contra el ex senador Luís Alberto Gil Castillo que hace curso en la Corte  comenzará a generar resultados a finales de este mes de agosto y comienzos de septiembre, anunció el abogado y apoderado, Gabriel Porras Roa.

En cuento a la decisión de la Procuraduría General, de inhabilitar  y destituir a Gil Castillo por 20 años, el catedrático del derecho expresó que  fue una decisión absurda,  incoherente y  sin fundamento fáctico.

El abogado penalista  agregó que en algunos casos probados, los entes de control estan  en el derecho y la obligación de actuar con severidad, pero hay otros  donde no hay pruebas fácticas para sustentar las sanciones.    En declaraciones a la cadena Radiofónica Virtual CRV el abogado Gabriel Porras hizo otras consideraciones de tipo jurídico que pueden conocerse en AUDIO